Betssy Chávez: revisarán sus llamadas por presuntas contrataciones de familiares
El Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las llamadas y mensajes de la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez como parte de la investigación que se le sigue por las presuntas irregularidades en la contratación y designación de familiares de su entonces pareja sentimental, Abel Sotelo en cargos del Estado. La medida fue aprobada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, a pedido de la Fiscalía, que busca obtener información sobre las comunicaciones que Chávez mantuvo durante el periodo investigado. En concreto, las empresas operadoras de telecomunicaciones deberán entregar a la Fiscalía el registro de llamadas entrantes y salientes, así como de mensajes de texto asociados a cuatro números celulares utilizados por la exministra.
También deberán informar sobre otras líneas celulares o fijas que estén o hayan estado a su nombre. La información corresponde al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022. El objetivo de la Fiscalía es determinar si las comunicaciones de Chávez permiten corroborar su presunta intervención en contrataciones y designaciones vinculadas a la familia Sotelo.
La investigación se originó por las contrataciones y designaciones de personas vinculadas a Abel Sotelo, quien era pareja de Chávez. Según la tesis fiscal, Chávez habría intervenido para favorecer la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja, en puestos vinculados tanto a su despacho congresal como a EsSalud, entidad adscrita al ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. También se investiga la contratación de Flor Sotelo, hermana de Abel Sotelo, como auxiliar en la organización parlamentaria del despacho de Chávez.
Otro de los casos bajo investigación corresponde a Antonio Sotelo, padre de su entonces pareja. La Fiscalía sostiene que Chávez habría intervenido en su designación como intendente regional de Puno de Sunafil. Además, se le atribuye haber ofrecido interceder ante el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para que Antonio Sotelo pudiera acceder a un cargo en Cofopri.
A cambio, según la tesis fiscal, habría recibido apoyo político en Tacna. Por estos hechos, la expremier Betssy Chávez es investigada por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. El caso por las presuntas contrataciones de familiares se suma al proceso que enfrenta por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
El 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para rebelión y ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. Recientemente, tras obtener un salvoconducto para viajar a México, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria renovó las órdenes de ubicación y captura contra Chávez. Actualmente la exjefa del Gabinete Ministerial permanece en México, país que le otorgó asilo diplomático.