Gobierno establece sanciones a quienes faciliten billeteras digitales para extorsiones
El Ejecutivo oficializó dos decretos legislativos que buscan sancionar penalmente a quienes faciliten cuentas bancarias o billeteras digitales para cometer extorsiones, al mismo tiempo que fortalecen la protección legal de las personas que actúan en legítima defensa ante agresiones delictivas. Ambas normas fueron publicadas en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
“La lucha contra la inseguridad es integral. Por un lado vamos tras el dinero ilícito de la extorsión que alimenta la violencia en nuestras calles y por el otro estaremos del lado de las víctimas que se defienden ante una agresión delictiva: quien actúa por supervivencia frente a un ataque no puede ser tratado como victimario”, señaló Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros.
A través del Decreto Legislativo N.° 1744 se modifica el Código Penal para castigar a quienes presten o faciliten sus cuentas bancarias y otros productos financieros con el fin de canalizar dinero de extorsiones. La norma también aumenta las penas para delitos violentos como el sicariato, el robo agravado y el secuestro. Además, endurece el control de armas de fuego al sancionar a quienes eliminen o alteren los números de serie de las armas, así como a quienes presenten denuncias falsas por robo o pérdida de estas. El decreto modifica la Ley N.° 30096 de Delitos Informáticos para penalizar el acceso ilícito a plataformas digitales, y establece prisión efectiva para extranjeros que reingresen de forma irregular al país luego de haber sido expulsados.
Por su parte, el Decreto Legislativo N.° 1743 introduce cambios al Código Penal para reforzar la legítima defensa. Entre las principales modificaciones se incluye la presunción de que quien se defiende actúa racionalmente, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario. Se elimina el criterio de proporcionalidad de los medios empleados en la defensa, se obliga a los fiscales a archivar definitivamente los casos cuando se acredite la legítima defensa y se exige a los jueces una motivación cualificada para descartar su aplicación, bajo riesgo de nulidad de la resolución. Con estas medidas, el Gobierno peruano busca debilitar las redes que financian la extorsión y entregar mayores garantías a los ciudadanos que defienden su vida, la de terceros o sus bienes.